El artículo de Proceso sobre las universidades “bajo asedio” coloca a la Universidad Michoacana dentro de una narrativa cómoda: la de una rectora atacada desde fuera por defender la autonomía. En esa versión, Yarabí Ávila aparece casi como una figura sitiada por intereses políticos externos, pero en el caso nicolaita, esa lectura es tramposa por incompleta. Sí existe tensión política alrededor de la UMSNH, y *Proceso* la describe en el contexto del choque por el uso de instalaciones universitarias y la confrontación con actores del Congreso estatal. Pero dejar la historia ahí equivale a borrar deliberadamente lo que la propia comunidad ha vivido hacia adentro.
Porque si alguien ha tenido sometida a la Universidad Michoacana durante más de tres años no han sido solamente los actores externos. Ha sido una rectoría empeñada en concentrar decisiones, administrar la vida universitaria con lógica de mando y envolver sus propios excesos en el lenguaje solemne de la autonomía. Yarabí Ávila quiere presentarse como víctima de una agresión política, cuando en realidad buena parte de la erosión institucional que hoy padece la Universidad viene de su propia forma de gobernar: vertical, cerrada, intolerante a la crítica y cada vez más desconectada de la comunidad que dice representar.
La prueba más clara está en la crisis actual. El 20 de abril estalló la huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana a puertas cerradas, la primera de ese tipo en una década, en medio de un ambiente de tensión política alrededor de la institución. No fue un rayo en cielo despejado. Fue la expresión más visible de un desgaste acumulado. Una universidad no llega a ese punto sólo por conspiraciones ajenas; llega también por una conducción incapaz de construir confianza, de procesar desacuerdos y de desactivar conflictos antes de que le exploten en la cara.
Lo más irritante es el doble discurso. Hacia afuera, la Rectoría habla de democracia universitaria y de defensa institucional. Hacia adentro, ha administrado la Universidad como si la pluralidad fuera una molestia. El propio proceso de reforma universitaria fue vendido por el gobierno estatal y por la Universidad como un paso hacia la democratización, incluyendo reglas para la elección de rector o rectora y la actualización de la Ley Orgánica. El Consejo Universitario aprobó en 2025 la ruta de consulta y el proyecto de reforma. Pero todavía en abril de 2026 desde el Congreso local se reclamaba a la UMSNH acreditar avances concretos sobre la comisión especial y los reglamentos para la elección. Dicho de otro modo: mucho discurso democratizador, pero las piezas clave para abrir de verdad el poder universitario seguían entrampadas.
Ahí está el fondo del asunto. La rectora invoca la autonomía cuando le conviene, pero no parece igual de entusiasta cuando esa autonomía exige soltar control, transparentar reglas y aceptar contrapesos reales. Lo suyo ha sido más bien otra cosa: usar la institución como escudo moral mientras se administra el poder con reflejos autoritarios. Esa es la razón por la cual su papel de víctima no termina de cuajar. No porque no existan presiones externas, sino porque nadie puede declararse perseguido con limpieza cuando lleva años gobernando con cerrazón.
La Universidad Michoacana no necesita una rectora agraviada que se parapete en el victimismo. Necesita una conducción capaz de reconocer el daño que ha causado. Porque la crisis no empezó cuando otros poderes voltearon a ver a la Casa de Hidalgo. La crisis empezó cuando desde Rectoría se confundió autoridad con imposición, legalidad con control y autonomía con patente de corso.
Yarabí Ávila quiere que la historia se cuente así: una rectora valiente, sola, acosada por quienes quieren meter mano a la Universidad. Pero la otra versión, la que se escucha en pasillos, oficinas, aulas y sindicatos, es bastante menos heroica: una administración que ha tensado a la institución hasta el límite, que ha preferido doblar antes que dialogar y que ahora pretende lavarse la cara presentándose como mártir de una tragedia que ayudó decisivamente a fabricar.
No: la rectora no es la víctima de esta historia.
La víctima ha sido la Universidad Michoacana, usada durante años como escenario de control, propaganda y soberbia administrativa.
Cuando una autoridad lleva a su institución al desgaste, al conflicto y al descrédito, ya no tiene derecho a pedir compasión. Tiene obligación de rendir cuentas.
