MORELIA, MICH.- Mientras en el discurso institucional se insiste en el respeto a la transparencia y a la legalidad, al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) crecen los señalamientos por presuntas prácticas discrecionales en la asignación de plazas académicas.
Diversos profesores de Asignatura “B” y docentes definitivos sostienen que el procedimiento para contratar personal académico debe apegarse estrictamente a la Ley Orgánica universitaria, al Reglamento de Profesores, al Contrato Colectivo de Trabajo y a los Lineamientos para la Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva Creación.
Sin embargo, denuncian que la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González ha implementado un mecanismo denominado “sustentabilidad”, el cual —afirman— no está contemplado en la normatividad vigente y sustituye los concursos internos y abiertos previstos en la ley.
Comisión cuestionada y cartas compromiso
De acuerdo con los inconformes, la Rectoría conformó una “comisión” para asignar de manera directa materias a profesores con definitividad, instancia que —según los denunciantes— carece de fundamento jurídico y asumió atribuciones no establecidas en la normativa universitaria.
Además, aseguran que a algunos docentes se les condicionó la asignación de materia firmando de aceptación y condicionando a que se obligarían a no impugnar ni judicializar el proceso. Para los académicos críticos, esta práctica inhibe el derecho a recurrir cualquier determinación que consideren irregular y limita la rendición de cuentas.
Señalamientos de conflicto de interés
Las acusaciones también alcanzan a integrantes de la citada comisión. Se señala la participación de profesores interinos —que aún no contarían con contratación formal— y de funcionarios universitarios.
Entre los casos mencionados está el de Edgar Hugo Rojas Figueroa, a quien se atribuye haber asignado materias a su hermana, Blanca María Elena Rojas Figueroa. Asimismo, se apunta a Arauci Siloe López Huéramo Martínez, titular del Departamento de Transparencia, quien presuntamente se habría autoasignado materias y reservado otras para su hermana, Martha Rocío Hernández Martínez.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si existe una investigación interna sobre estos señalamientos ni si se han activado mecanismos de control o revisión.
Sindicato y concurso, al margen
Otro de los puntos señalados es que el esquema de “sustentabilidad” dejaría fuera a la sección sindical y al titular académico responsable de cubrir las necesidades docentes en la Facultad de Derecho, lo que, a decir de los inconformes, vulnera el Contrato Colectivo de Trabajo y elimina contrapesos en el proceso.
Bajo este contexto, los profesores sostienen que no habrá concurso interno ni abierto, dado que las materias ya habrían sido preasignadas, lo que consideran una violación directa a la normatividad universitaria.
Transparencia en entredicho
Las denuncias colocan en el centro del debate la congruencia entre el discurso y la práctica institucional. La administración universitaria ha reiterado en distintos foros su compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas; sin embargo, los académicos críticos cuestionan la falta de claridad en los criterios de asignación y la ausencia de información pública detallada sobre el procedimiento aplicado.
La Rectoría no ha emitido, hasta ahora, una postura oficial que responda puntualmente a los señalamientos. Mientras tanto, el proceso de asignación de materias continúa bajo un esquema que, para un sector del profesorado, representa opacidad y concentración de decisiones.
