Se creará un padrón de Anfitriones y de Plataformas Digitales
MORELIA, MICH.- Al reconocer la importancia del turismo digital, la 76 Legislatura reguló su operación con criterios de equidad y responsabilidad, reformando la Ley de Turismo del Estado, para promover la formalidad económica y fortalece la competitividad del sector turístico de Michoacán.
Al adicionar el capítulo denominado del Registro Turístico y la Estancia Turística eventual, a dicha ley, se incorporan disposiciones que establecen las obligaciones de los anfitriones y de las plataformas tecnológicas, así como los mecanismos de registro, supervisión y responsabilidad compartida.
El dictamen elaborado por la Comisión de Turismo, precisa que en los últimos años ha surgido una nueva modalidad de hospedaje mediante plataformas tecnológicas que conectan a oferentes de inmuebles con turistas o visitantes; práctica que aunque legítima, ha operado en la informalidad, dejando fuera del control de las autoridades aspectos esenciales en materia de protección civil, seguridad, higiene y fiscalización.
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura celebraron la propuesta impulsada por el diputado Antonio Salvador Mendoza Torres, mediante la cual se crean los Padrones de Anfitriones y de Plataformas Tecnológicas, a cargo de la Entidad responsable del Gobierno Digital y de la Secretaría de Turismo del Estado, lo que constituye una herramienta fundamental para la transparencia, control y formalización del sector.
Este registro permitirá identificar a los prestadores del servicio, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y protección civil, y facilitar la supervisión fiscal y administrativa; para lo cual, la Secretaría de Turismo del Estado y la Dirección General de Gobierno Digital Michoacán, tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las acciones correspondientes al desarrollo de los sistemas electrónicos por medio de los cuales podrán registrarse los Anfitriones y las Plataformas Tecnológicas.
Cabe destacar, que las nuevas disposiciones legales no generan impacto presupuestal adicional significativo, toda vez que las nuevas funciones asignadas podrán ser desarrolladas con los recursos humanos, materiales y financieros existentes en dichas instituciones.
