La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, propuso reformas legales para que sean los ciudadanos los que paguen la reposición por extravío o maltrato de la credencial de elector, y queden exentos sólo en caso de que la mica haya sido robada o sustraída.
Ante el mega recorte de mil 71 millones de pesos en el presupuesto 2020 del Instituto Nacional Electoral (INE), las enmiendas buscan reducirle la carga financiera, explicó la legisladora.
Recordó que cada plástico de la credencial de elector tiene un costo de 60 centavos de dólar, es decir, unos 12 pesos, según la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) del INE.
Pero el gasto operativo aumenta si se suma el costo por el trámite, generación, envío y entrega de credencial y llega a cerca de 270 pesos por unidad, mismos que serían sufragados por los ciudadanos que la maltraten o extravíen, según la iniciativa de reforma al artículo 175-A de la Ley Federal de Derechos.
