CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que marca un antes y un después en la justicia penal con perspectiva de género, al revocar la reducción de la condena al feminicida de la maestra Jessica González Villaseñor, gracias a los sólidos argumentos jurídicos impulsados por dos michoacanos: el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía Pineda.
Ambos presentaron ante el máximo tribunal un Amicus Curiae que resultó decisivo para fortalecer el fallo correspondiente al Amparo Directo en Revisión 4872/2024, elaborado por la maestra Lorena Bedolla Ponce.
Dicho documento colocó la perspectiva de género, la protección de los derechos de las víctimas y el principio de proporcionalidad de la pena como ejes centrales del análisis jurídico.
La participación de Torres Piña y Mejía Pineda fue determinante para que la Primera Sala de la SCJN, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, estableciera que en los delitos de feminicidio no cabe la reducción de penas bajo criterios subjetivos o atenuantes como la reinserción social, al tratarse de crímenes que atentan directamente contra la vida y la dignidad de las mujeres.
El fiscal general Carlos Torres Piña subrayó que esta resolución es “una victoria de la justicia y de todas las mujeres víctimas de violencia”, y refrendó su compromiso de continuar impulsando una Fiscalía con perspectiva de género, humana y sensible ante el dolor de las víctimas.
Por su parte, el ombudsperson Josué Mejía Pineda destacó que este resultado “demuestra que la colaboración institucional puede transformar la justicia en una herramienta real de defensa de los derechos humanos”, y reconoció la valentía de las víctimas indirectas por mantener viva la exigencia de justicia.
Con esta sentencia, la Suprema Corte dejó sin efecto la reducción de la condena contra el feminicida Diego Urik Mañón Melgoza, instruyendo al Tribunal la emisión de una nueva resolución conforme a los criterios constitucionales.
El trabajo conjunto de Carlos Torres Piña y Josué Mejía no solo logró restablecer la justicia en el caso de la maestra Jessica González, sino que sentó un precedente nacional que reafirma que Michoacán aporta liderazgo, visión jurídica y compromiso humano en la lucha contra la violencia de género.
