URUAPAN, MICH.- El Gobierno de Michoacán y Transportistas de Uruapan concretaron una serie de acuerdos tras los hechos registrados esta mañana previo a la presentación del Cablebus.
Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, se reunió con los Transportistas, concretándose los siguientes ACUERDOS:
1.- Establecer una Reunión con el señor gobernador Constitucional del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla y Transportistas de la ciudad de Uruapan, Michoacán, para presentar el proyecto integral denominado «Cablebus», el próximo martes 3 tres de octubre del presente año en la ciudad de morelia en la Casa Morelos en hora por definir.
2.- Los transportistas presentarán un proyecto alterno que será tomado en cuenta para la modernidad de la movilidad en la ciudad de Uruapan, siempre con miras a beneficiar a todos los sectores de la población.
3.- Se respetará a las empresas del Transporte Urbano y Sub Urbano de pasajeros de la ciudad de Uruapan, Michoacán, Colectivos Uruapan y Tata Lázaro, sus trabajadores y sus concesionarios, porque estos seguirán como unicos prestadores del servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Uruapan, Michoacan.
4. Las personas que fueron lesionadas por la fuerza pública por libremente manifestarse, serán atendidas médicamente por el nosocomio Hospital Civil de la ciudad de Uruapan, siendo las autoridades estatales las responsables de cubrir los costos económicos de esta atención.
5.- El Gobierno del Estado de Michoacán, omitirá ejercer acción legal alguna en contra de los participantes en la manifestación de este primero de Octubre en Uruapan, toda vez que refrenda su voluntad de que los ciudadanos ejerzan su derecho primario de ejercer libre manifestación.
6.- Las unidades de servicio urbano tanto de Tata Lázaro como Colectivos que hayan sido retiradas por órdenes de las autoridades tanto estatales como municipales, serán liberadas sin costo alguno, si estas estuvieran aseguradas o retenidas.
7.- El Gobierno de Michoacán, anula cualquier posibilidad de ejercer sanciones de carácter administrativo que pueda atentar contra el patrimonio elemental de los transportistas como es afectar, retener o “congelar” los títulos de concesión.
